La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, presentó un informe sobre diversos hallazgos en la trata de personas con el fin de revelar la preocupante situación que atraviesa nuestro país frente al incremento de los casos de personas que son víctimas de este delito.
Este informe denominado “Balance de la Sociedad Civil sobre la Situación de la Trata de Personas en el Perú 2015-2016, Principales Hallazgos” tiene el objetivo de sensibilizar a la población para evitar la indiferencia y la impunidad en estos casos. En este sentido, la ministra destacó la necesidad de implementar estrategias destinadas a velar por la protección y la seguridad de las víctimas para que puedan superar esta difícil situación.
“Es imperativo rescatar y proteger a las víctimas, además de liderar políticas en beneficio de este grupo de compatriotas. Nuestro gran reto es que estas personas se recuperen y alcancen una vida plena”, sostuvo la titular del sector.
Asimismo, Pérez Tello calificó como una esclavitud del siglo XXI a la explotación laboral y sexual que sufren estas personas por parte de sus captores. Por su parte, los órganos tutelares de justicia que participaron en el evento señalaron la importancia de establecer políticas que permitan abordar el sistema de explotación en el Perú.
Por otro lado, la organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS) informó que el año pasado se reportó un total de 889 casos de este delito en el país, sin embargo, hasta julio del presente año, estas denuncias ascendieron a 1 567. No obstante, se reveló que el 56% de estos casos corresponden a niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, se indicó que el 86% de víctimas no reciben una atención adecuada por parte de las autoridades involucradas, lo que revela la necesidad de establecer las medidas necesarias para garantizar la protección de estas personas.
Del mismo modo, se destacó que el Estado logró algunos avances para enfrentar este problema a través del reglamento de la Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Personas, los acuerdos bilaterales con otros países, el funcionamiento de la Línea de Denuncias 1818 las 24 horas, la ampliación de la división policial DIRINTRAP a 23 regiones, las capacitaciones a operadores de justicia y las campañas de difusión.
Sin embargo, se destacó la necesidad de realizar un diagnóstico nacional, ejecutar investigaciones específicas, incluir el tema en la malla curricular nacional, promover trabajos de prevención y reducir la proyección de casos, ya que estos podrían incrementarse en un 16% al finalizar el año.
