La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su reunión semestral con la participación de países del hemisferio en Punta Cana, República Dominicana, con la aprobación de nueve resoluciones, referidas a temas de libertad de prensa. Dichos documentos serán enviados a las autoridades gubernamentales y organizaciones interamericanas.
De esta forma, más de 280 delegados exigieron al gobierno de Bolivia la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones en cuanto a la distribución radial. Además, al Congreso se le pide la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Por otro lado, la SIP reclamó al gobierno de Ecuador que cesen los acosos y las agresiones contra periodistas, jefes editoriales y medios independientes. Además, refutó el control realizado a los usuarios de internet, basándose en el respeto de la Ley de Telecomunicaciones.
Por su parte, se indicó que en El Salvador las autoridades deben investigar con los cibertaques contra los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy y sancionar la supuesta participación de funcionarios públicos. En tanto, a Venezuela se le solicita suspender la estrategia de cierre de medios, dar acceso al papel prensa a todos los medios escritos, así como un alto a la persecución judicial contra la prensa y acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La SIP condenó los asesinatos, desde octubre del 2015, de 12 periodistas de Brasil, México, Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela.
Asimismo, se demandó al gobierno de Brasil garantizar el cumplimiento de los acuerdos y las medidas anunciadas por el gobierno federal para supervisar y mejorar la seguridad de los periodistas.
De igual forma, a Colombia se le exhortó elevar su compromiso para garantizar que los actos de violencia contra los periodistas sean condenados. A su vez, se les solicitó avanzar en el caso de los agresores de la periodista Jineth Bedoya y buscar justicia por el caso de Guillermo Cano.
En México, se instó a los gobiernos federales y estatales a proteger la labor de los periodistas, así como mitigar el incremento de agresiones contra mujeres periodistas. Además, la SIP pidió que se refuerce económicamente el funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).
Finalmente, se solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Perú actuar con diligencia y celeridad para sancionar a los responsables del crimen por el caso del periodista Hugo Bustíos, quien fue asesinado en 1988 por militares.
