El comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, ha declarado que las bandas delincuenciales dedicadas a este comercio mueven entre 8 000 y 20 000 millones de euros cada año. Aparte de constituir un atentado a la supervivencia de las especies, intensifica la corrupción, priva a las comunidades pobres de ingresos indispensables e incluso causa víctimas humanas. Explicó que los ejemplares más requeridos en Europa son reptiles, serpientes, camaleones o iguanas.
Para la CE «pone en peligro la seguridad de África central, donde las milicias y los grupos terroristas solventan parcialmente sus actividades gracias al tráfico de especies». La Unión Europea es una zona de tránsito de numerosos animales entre África y Asia. Las estadísticas son alarmantes: en el 2014 se mató aproximadamente 20 000 elefantes y 1 200 rinocerontes, géneros que están en un acelerado proceso de declive poblacional. Debido a este negocio ha disminuido, en un siglo, la cantidad de tigres de 100 000 a menos de 3 500.
A criterio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) – firmada en Washington el 3 de marzo de 1973 y administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) – esta perjudicial acción clandestina moviliza anualmente entre cinco a siete billones de dólares. Es la tercera operación irregular de notable dimensión global después de la venta de armas y el narcotráfico.
Nuestra capital es uno de los escenarios de intercambio ilícito del continente. Llegan cargamentos de otros países y, principalmente, de Iquitos y Pucallpa, ciudades sindicadas como núcleos de salida hacia diversas partes del mundo. La mayor demanda se sitúa en Europa, Japón y Estados Unidos. Su adquisición genera la destrucción de su entorno natural y disminuye su población con consecuencias ambientales, económicas y sociales incalculables.
De otra parte, deseo comentar el caso del controvertido vendedor de especímenes Jean de Coninck, un peligroso exportador belga en la década de 1970. Traffic de Bélgica (entidad del Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF) advirtió que desde su negocio registrado como Kingbirds Western proveía a coleccionistas mediante anuncios en la revista especializada International Zoo News, entre otras.
Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) participó en una componenda encubierta de primates, leopardos y tapires llevados desde Laos, al aeropuerto de Bangkok (Tailandia), hasta Bélgica. En 1979, es acusado por el secretario general de la Cites, Peter Sand, cuando gestionaba su residencia en el Perú. Ese año de Coninck declaró a la prensa: “…Que debido a la legislación cada vez más estricta que reglamenta sus actividades en Europa, trasladará próximamente su comercio al Perú”.
Del mismo modo, Felipe Benavides lo denunció por pretender sobornar al jefe del Departamento de Animales del Parque de Las Leyendas (1987). A pesar de estos documentados cuestionamientos, los funcionarios nacionales otorgaron licencias a sus compañías De Coninck E.I.R.L. y Perubel S.A., así como para un zoocriadero. No obstante, de acuerdo a las informaciones aparecidas en el portal de la Wildlife Conservation Society (WCS) la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Lima del ministerio de Agricultura le ha impuesto a este sórdido personaje la penalidad más alta por un delito de esta índole: una multa de 28,500 nuevos soles por la posesión de ocho gallitos de las rocas.
Este bello género ornitológico está protegido por nuestras reglamentaciones: su captura, venta y exportación están prohibidas. El macho es de color naranja brillante y posee una cresta en forma de abanico, mientras la hembra es de tono marrón gris. Habita en los bosques nubosos andinos y su nombre viene por anidar en los peñascos. En el mercado negro puede costar 5,000 mil dólares.
Es importante precisar los riesgos de esta subrepticia faena de dimensiones impredecibles. Los animales decomisados perecen por el cambio de hábitat, inconvenientes en su alimentación o epidemias; su extracción masiva destruye el ecosistema con consecuencias irreversibles; cerca del 25 por ciento de los mamíferos del planeta están expuestos a desaparecer; en América del Sur la compraventa furtiva supera los 10 millones de dólares anuales; entre el 50 a 80 por ciento de los ejemplares transportados secretamente mueren en el camino.
La vida silvestre posee un inapreciable valor ambiental, cultural, científico y educativo que amerita un exigente marco jurídico orientado a garantizar su adecuada conservación. Más aún teniendo en cuenta la extraordinaria biodiversidad de nuestro territorio. Se hace imperativo elaborar estrategias destinadas a su preservación, manejo y aprovechamiento racional en beneficio de las agrupaciones nativas, cuyos elevados índices de miseria extrema los inducen a depredar nuestro prodigioso patrimonio ecológico. Un claro indicativo es la agricultura migratoria, que constituye una de las principales causas de la deforestación en nuestra amazonia.
En tal sentido, para encarar esta problemática se debe instaurar una coordinación institucional más intensa en el ámbito local, regional y mundial; fomentar la permanente capacitación del personal de aduanas y aeropuertos; actualizar y estandarizar nuestras leyes acorde a la normatividad internacional; establecer cuotas de exportación y diseñar una política concertada acerca de estos recursos naturales. Es imprescindible incorporar a las colectivas indígenas en estos esfuerzos.
Existe un irrefutable compromiso paralelo entre los estados exportadores y las naciones que apetecen estas cotizadas especies. Al respecto, comparto las premonitorias palabras del ambientalista peruano Felipe Benavides, quien ejerció la vicepresidencia del Comité Permanente de la Cites: “La matanza indiscriminada de animales ocurre generalmente para el beneficio de las naciones altamente industrializadas, que consumen las pieles, lanas, marfil, aceite, etc, en el mercado de lujo. La presión ejercida sobre el cazador furtivo proviene de la demanda de lujo de unos pocos. No podemos, sin embargo, culpar enteramente a los mercaderes y consumidores extranjeros, ya que gran parte de la responsabilidad por la persecución y destrucción de la vida animal, recae sobre las autoridades del Tercer Mundo”.
Agencia de Prensa Ambiental