Cientos de mujeres tienen que pasar meses merodeando los pasillos del Poder Judicial de la provincia de Satipo, en busca que sus hijos puedan tener un apellido paterno mediante el proceso de filiación. Sin embargo, por el excesivo tiempo que toman estos juicios o por la falta de recursos, muchos de estos niños terminan como no reconocidos, señala un estudio desarrollado por los alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA).
De acuerdo a las estadísticas, los procesos de filiación se realizan por los siguientes motivos: inestabilidad de parejas (49 %), existencia de otra relación afectiva (10 %), embarazo no deseado (9 %), situación económica (7 %), otros (25 %).
“Estos indicadores muestran a los actores con una inestabilidad emocional e inmadurez compartida, tanto el varón como la mujer, y se complica cuando algún protagonista es muy joven o en el peor de los casos menor de edad”, señala Wendy Alvares Meza, una de las investigadoras.
El grupo de jóvenes pudo establecer que la duración de una investigación de paternidad puede durar como mínimo seis meses.
“Es raro ver procesos que terminen antes de un año; sobre todo, en aquellos que se observa negligencia y falta de interés de la parte actora; por falta de los otros medios probatorios, distintos a la prueba científica del ADN, es decir por un factor económico”, afirma Aracelly Rojas Piñas, integrante de este grupo de estudios.
De acuerdo a los investigadores, el estudio propone posibles soluciones encaminadas a implementar estrategias para optimizar el trámite procesal, así como también a estructurar programas preventivos que propendan por el ejercicio responsable de la paternidad desde el momento de la concepción.
De igual forma, busca facilitar y garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, como la población de las áreas rurales, semiurbanas y de escasos recursos económicos, quienes enfrentan los mayores obstáculos para conseguir justicia.
“Hay juicios de dos, tres cinco y hasta más años. Los más perjudicados son los niños. Muchas veces los abogados de oficio no se abastecen por la carga que tienen, sumado a ello el pesimismo y muchas veces la corrupción en la administración de justicia”, sostiene Jesica Arteaga Aranda, estudiante de Derecho de la UPLA.
