Manuel Boluarte, director de INFOREGIÓN y vicepresidente del Comité de Libertad de Prensa e Información en el Perú, presentó en la 71° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el informe sobre la prensa de nuestro país.
Boluarte Carbajal participa junto a otras 300 personas de la reunión máxima que tiene el organismo periodístico y que este año ha congregado a los hombres de prensa en la ciudad de Charleston, en Estados Unidos.
En su informe, el Director de INFOREGIÓN hizo énfasis en las agresiones que han sufrido los periodistas sobre todo en las regiones, haciendo hincapié en el conflicto de Tía María.
Este es el informe sobre la prensa en nuestro país.
Se ha registrado un incremento en los ataques, amenazas e intimidaciones a los periodistas debido al ejercicio de su labor principalmente del interior del país.
Las mayores agresiones se dieron durante las protestas sociales realizadas contra el proyecto minero Tía María en Arequipa, en medio de los enfrentamientos entre opositores al proyecto y efectivos policiales.
Ambos actores agredieron a los periodistas. Incluso algunas radioemisoras locales de frecuencia ilegal, difundieron nombres de periodistas para que la población los agreda, debido a que daban cobertura favorable al proyecto minero.
Son constantes las agresiones de autoridades locales, sobre todo alcaldes y gobernadores regionales, contra periodistas que denuncian actos de corrupción o abuso de autoridad.
Las investigaciones o denuncias periodísticas sobre el poder político también desatan hostilidades contra los periodistas. La directora del programa televisivo Panorama, Rosana Cueva, fue citada al Congreso nacional y agredida por parlamentarios oficialistas.
El caso más emblemático sobre impunidad contra periodistas es el asesinato de Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, por efectivos militares en Huanta, Ayacucho, en 1988. La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional ha solicitado 25 años de prisión para el ex ministro del Interior de este gobierno, Daniel Urresti, como autor mediato por el asesinato. En esos años, Urresti se desempeñaba como jefe del Servicio de Inteligencia del Batallón de Castropampa. El Ministerio Público ha considerado, además, pedir el pago de una reparación civil de 500 mil soles a favor de la familia del periodista.
En materia judicial está pendiente la demanda de amparo que ocho periodistas de diversos medios interpusieron contra la empresa editora El Comercio, que compró el 54% de las acciones de Epensa, ahora denominada Prensmart, no incluyendo los contenidos editoriales que son producidos por la empresa Grupo Epensa SAC, propiedad al 100% de la familia Agois.
Dicha demanda alega sobre el artículo 61° de la Constitución Política del Perú que establece que los medios de comunicación “no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”. Para los demandantes la compra de las acciones de Epensa por El Comercio constituye un acaparamiento de los medios de prensa escrita.
Los periodistas demandantes, representados por Rosa María Palacios, presentaron el 10 de septiembre una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado peruano, por retardo del Poder Judicial para resolver la acción de Amparo. La preocupación de los periodistas es que el recurso presentado sea considerado por la CIDH como una violación del derecho a la administración de justicia en Perú.
El 24 de agosto de 2015, a un año del fallecimiento del director de la revista Caretas, Enrique Zileri Gibson, uno de los demandantes, los hermanos Marco, Drusila, Sebastián y Doménica Zileri Dougall, se presentaron como sucesores procesales de su padre Enrique Zileri. El juzgado constitucional resolvió favorablemente la sucesión el 3 de setiembre del 2015 y elevó el expediente a la Cuarta Sala Civil de Lima que debe resolver las excepciones, para que luego regrese al juzgado constitucional para que emita sentencia.
El Comercio (GEC) señala que han pasado más de dos años desde la asociación con Epensa/Prensmart (EP) y no se han registrado –ni se ha producido alguna denuncia- prácticas anticompetitivas de cualquier tipo. Desde que se produjo la asociación ni el GEC ni el EP han podido evitar la caída en los números de su publicidad que viene afectando a la prensa desde mediados del 2014.
Tampoco se ha registrado en el mismo periodo alguna intromisión –o acusación de intromisión- por parte del GEC en el manejo editorial del Grupo Epensa.
Por su parte, en el mercado se han incorporado nuevos competidores, el año pasado entraron dos diarios impresos más que han resultado competitivos.
El ex coronel de la Policía Benedicto Jiménez, denunció a los periodistas Marco Zileri, director de la revista Caretas, y Américo Zambrano, por el supuesto delito de difamación agravada. Jiménez se encuentra encarcelado por integrar una red de corrupción y lavado de activos (Caso Orellana).
Pese a esto, el 30° Juzgado Penal de Lima, ha ordenado “el embargo preventivo hasta por la suma de 80 mil soles sobre las acciones y derechos que correspondan al procesado Marco Zileri”. La defensa ha interpuesto un recurso de apelación.
Cronología de agresiones relevantes a periodistas:
El 25 de agosto: el periodista Paul Pilco Dorregaray, corresponsal del diario Correo en Apurímac y director del programa “Informativo de las 7″, de canal 11, Televisión Amistad (Abancay), fue amenazado por el comandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Langle Flores debido a la publicación de una nota periodística donde hace referencia a que el oficial fue dado de baja por medida disciplinaria.
El 21 de agosto: el periodista Gonzalo Cubas Patow, de Amazonía Radio y Amazonía Televisión -Canal 6, Yurimaguas (Alto Amazonas), fue amenazado por dos sujetos por supuestamente denunciar irregularidades durante la gestión del alcalde de Balsapuerto.
El 15 de agosto: los periodistas Diego Cáceres y Víctor Dueñas Medina, de Radio Santo Domingo (Casma) fueron atacados por pobladores instigados por el Gobernador de Áncash, por cuestionar que se otorguen en forma irregular títulos de propiedad en la zona.
El 14 de agosto: la periodista Dayana Cieza, del programa Panorama, de Panamericana Televisión de Lima, fue amenazada de muerte tras publicar un reportaje sobre beneficios de los que gozan algunos presos en una cárcel de la capital.
El 14 de agosto: el corresponsal Carlos Zanabria Angulo, de El Comercio, fue atacado por agentes de la Policía Nacional mientras cubría un desfile en la Plaza de Armas de Arequipa. El periodista fue detenido y llevado con inusitada violencia a la dependencia policial.
El 12 de julio: Andrés Vargas, de Canal 15 Satelital de Trujillo, la Libertad, su camarógrafo y un asistente, fueron agredidos por mineros informales que los golpearon, destruyeron sus equipos y les confiscaron el material registrado, con el fin de impedir que informaran.
El 17 de junio: el periodista Roberto Carlos Medina del Castillo de TV Tarapoto, fue amenazado con dos pintas en las calles, insultos en las redes sociales y mensajes de texto, presuntamente por sus críticas contra la gestión del alcalde.
El 24 de mayo: el corresponsal Manuel Calloquispe Flores de El Comercio y la agencia de prensa ambiental Inforegión, en la región Madre de Dios, fue despojado de sus equipos de fotografía y video, mientras realizaba una investigación sobre la extracción ilegal de oro en el Puerto Túpac Amaru.
El 21 de mayo: el periodista Jean Guevara Cornejo, del diario El Norteño de la región Lambayeque, fue atacado mientras registraba el ingreso de personas encapuchadas a una oficina y cubría las protestas de los trabajadores de la azucarera Pomalca, en la provincia de Chiclayo.
El 14 de mayo: la periodista Victoria Bazán Cossi, directora de radio JBC y de canal 8 TV, fue agredida por efectivos policiales durante los enfrentamientos con los pobladores del distrito de Majes, provincia de Caylloma. También resultaron heridos Alonso Ramos, corresponsal de Frecuencia Latina, en una pierna mientras cubría el enfrentamiento entre manifestantes y policías en Cocachacra y Arequipa, durante una violenta protesta contra el proyecto minero Tía María; Jonathan Bárcena, de La República, fue amenazado con ser linchado si continuaba tomando fotos de la protesta y a Elmo Rivera Medina, de Canal 10-ATV, le rompieron la cámara.
