El futuro del 80% del presupuesto en actividades de fiscalización y monitoreo ambiental se decidiría el 14 de abril, dependiendo del resultado de la audiencia en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), organismo que fallará sobre la denuncia presentada por cuatro empresas mineras en contra del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para no pagar el Aporte por Regulación (APR).
“Una decisión que conduzca a la no aplicación del APR significaría la inoperancia del OEFA para seguir fortaleciéndose y continuar ejecutando diversas actividades previstas para el presente año en el sector minería”, señaló el OEFA a INFOREGIÓN.
Entre las actividades programadas del organismo de fiscalización ambiental, están 730 supervisiones, implementación de cinco planes integrales ambientales y ocho monitoreos participativos, entre otras acciones de fiscalización ambiental a los que el Estado se ha comprometido como los casos Espinar y cuatro cuencas en la región Loreto.
“Esto sucede en un contexto que en los últimos meses, se ha caracterizado por el fomento de iniciativas legislativas que no han contemplado en su totalidad el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas como la Ley N° 30230”, señaló la fuente.
La OEFA se refiere a esta ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país y al Proyecto de Ley N° 3941 que propone “Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social”. La posición de la OEFA es respaldada por organizaciones de la sociedad civil.
