Diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la posible eliminación del Aporte por Regulación (APR) que financia la fiscalización ambiental a cargo del Organismo de Fiscalización Ambiental (Oefa). Este impuesto es actualmente pagado a la Oefa por las empresas y entidades de los sectores Minería y Energía.
Esta amenaza a la institucionalidad ambiental se da debido a una denuncia impuesta por cuatro empresas mineras al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con el fin de eliminar el pago del 0,15% de la facturación anual que por ley se designa al Oefa para realizar acciones de fiscalización ambiental.
Actualmente, la fiscalización ambiental del país depende en un 80% del llamado Aporte por Regulación. La no aplicación del mismo significaría la inoperancia de la Oefa para poder seguir fortaleciéndose y continuar implementando las actividades de supervisión, monitoreo y fiscalización.
Las instituciones firmantes, quienes se manifestaron a través de un pronunciamiento en un diario nacional, aducen que la eliminación de este impuesto ocasionaría un mayor debilitamiento de la fiscalización ambiental y podría generar conflictos socio-ambientales en los proyectos. Esto se daría debido a que uno de los pedidos más recurrentes de los pueblos es precisamente un mayor seguimiento al cumplimiento las obligaciones socio-ambientales de las mineras por parte del Estado.
Ellos temen que, según el Oefa, esté en juego la ejecución de diversas actividades previstas para el presente año en el sector minería: 730 supervisiones, implementación de cinco planes integrales de evaluación ambiental, ocho monitoreos participativos, entre otras acciones de fiscalización ambiental a los que el Estado se ha comprometido (caso Espinar y cuatro cuencas en la región Loreto).
Finalmente, las instituciones manifiestan también su apoyo al fortalecimiento del Oefa para el mejoramiento de sus procesos de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.
DATO
El próximo 14 de abril el Indecopi realizará la audiencia del informe oral para adoptar una decisión final sobre esta denuncia formulada por cuatro empresas en contra del Oefa.
Estas empresas son Cía. Minera Pampa de Cobre S.A., Cía. Minera Vichaycocha S.A.C., Sociedad Minera Corona S.A.C. y Cía. Minera Caudalosa S.A.
Las instituciones que se han manifestado en contra de esta posible medida incluyen asociaciones indígenas, ONGs de desarrollo ambiental, instituciones académicas, institutos legales, una congresista (Verónika Mendoza), entre otros actores.
