Se realizó una nueva audiencia en el proceso penal que se sigue contra el alcalde provincial de Leoncio Prado, cuatro exfuncionarios, un regidor y la gerente de la empresa Ale Contratistas, por el delito de colusión en el otorgamiento de la buena pro sin concurso para la ejecución del proyecto de agua y desagüe en esta ciudad.
En esta oportunidad, se presentó el licenciado en enfermería José Luis López Mariano, quien sostuvo que la declaratoria de emergencia sanitaria para allanar el camino hacia una contratación directa de la empresa constructora no era necesaria.
López Mariano labora en el Clas Castillo Grande, desde donde salió el informe que utilizaron las autoridades municipales para declarar la emergencia bajo el argumento de que el servicio sanitario estaba colapsado y mucha gente podría enfermarse gravemente si no se hacía por emergencia la obra.
Al ser interrogado, López Mariano informó que a él se le encargó hacer un informe sobre el estado de las enfermedades prevalentes en esa zona, entre ellas las parasitarias.
En su respuesta, dejó entrever que no había ninguna necesidad de declarar en emergencia porque estas enfermedades son propias y estaban controladas por el sector Salud.
