El asesinato del periodista Alberto Rivera en el 2004 podría llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus abogados evalúan esta posibilidad tras la decisión de la Corte Suprema de confirmar la absolución del ex alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez y su ex funcionario Solio Ramírez, acusados de ser los autores intelectuales del crimen.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que la forma en que resolvió la máxima instancia judicial en el Perú apunta más a la impunidad, informó María Elena Castillo de La República a INFOREGIÓN.
«A nivel interno no hay nada que hacer», indicó. «Por eso, junto a la familia, estamos evaluando acudir al sistema interamericano», dijo.
Cuestionó, por ejemplo, que por mayoría los jueces de la Suprema hayan señalado que no se acreditó en forma suficiente el móvil del crimen.
El abogado explicó que desde el primer proceso se expuso que el periodista criticaba la gestión del entonces alcalde a través de su programa de radio, e incluso meses antes de su muerte informó del hallazgo de droga en una empresa de Valdez.
«En el tercer proceso demostramos lo contrario. Presentamos el expediente judicial en que se le investigó por narcotráfico. Son documentos oficiales, pero pese a ello la Suprema repite que no hay móvil», dijo.
Agregó que ha quedado demostrada con documentos la actividad periodística de Rivera, así como el encono de Valdez. «Hay prueba suficiente de que el ex alcalde tomó la decisión de silenciarlo», indicó.
Otras pruebas
Juan José Quispe, también abogado de la familia del periodista, dijo que la Corte Suprema no valoró en forma adecuada varios otros temas. Además, criticó que los jueces desvirtúen la declaración de Lito Fasabi, quien disparó contra Rivera y purga condena por ello.
Lamentó además que admitan que el vehículo del ex alcalde –que según el autor material se usó en el asesinato– haya estado en otro lugar en el momento de los hechos.
«Nakazaki presentó sólo copia de un documento de compra-venta legalizado notarialmente. Pedimos el original porque hay notarios que se prestan a todo, pero la Sala nunca la solicitó», sostuvo Quispe.
También es irregular que un perito se pagara un viaje a Pucallpa para «verificar» que en el municipio no había recibos a nombre de Alex Panduro Ventura, otro implicado, cuando la Sala ordenó que busque el nombre de su esposa.
Extrañas decisiones
Para los abogados del IDL es extraño que por mayoría la Corte Suprema haya respaldado la decisión de la Sala Penal de no leerse las primeras manifestaciones del autor directo del crimen, Lito Fasabi, en las que afirma que Valdez lo contrató.
Refirieron que la Sala aceptó leer sus declaraciones, dadas en presencia del fiscal y su abogado, pero el día que debía llevarse a cabo la diligencia, simplemente declararon nulo el mencionado acuerdo.
FUENTE: DIARIO LA REPUBLICA
