La Municipalidad de San Juan de Miraflores fue escenario de la primera reunión del año del Comité Interdistrital de lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA), donde se mostró su plan de trabajo para Lima Sur y se definieron las acciones que se llevarán a cabo el 2014.
En un primer momento, Rosa Vivanco, Subgerenta de la Demuna de Villa El Salvador, dio detalles sobre los miembros del Comité Interdistrital de lucha contra la ESNNA de Lima Metropolitana, el marco legal bajo el que trabajan, sus objetivos, las líneas estratégicas de acción y mostró un recuento de las acciones llevadas a cabo desde el 2011 a la fecha.
Además, mostró los resultados de los distritos miembros del comité: Villa María del Triunfo registró 24 casos durante el año mencionado, de los cuales 12 siguen la denuncia y 10 fueron judicializados.
Por otro lado, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Lurín registraron 15, 14 y 13, casos respectivamente; de los cuales 13 de cada distrito siguieron el proceso de denuncia y sólo llegaron a judicializarse 2 en Villa El Salvador y 1 en San Juan de Miraflores.
Vivanco recalcó que el trabajo que se realiza bajo la red ECPAT es un tema de compromiso social, más no una labor con un presupuesto definido.
“El comité en realidad es el compromiso de cada municipalidad y allí tenemos un presupuesto que lo hemos considerado en nuestro plan de trabajo para hacer estas acciones. Cada municipalidad presta su ambiente y realiza las invitaciones como parte del compromiso de los alcaldes de Lima Sur y la alcaldesa de Lima Metropolitana”, detalló.
Por otro lado, el teniente Juan Carlos Segil, de la comisaría José Carlos Mariátegui en Villa María Del Triunfo, señaló que muchas de las falencias que existen en la labor policial escapan de las manos de los mismos agentes.
Aclaró que muchos de los casos que se registran y la información que tienen sobre delitos de ESNNA no pueden ser utilizadas en operativos o acciones de detención por dos factores importantes: el primero, la falta de apoyo por parte del Estado con respecto a legislación, trámites burocráticos y disposición de policías para las zonas de riesgo y lugares en donde se sabe que existe explotación sexual.
El segundo punto es la responsabilidad que tiene la población al defender o paliar a los responsables de los delitos, ya sea por una cuestión familiar o una relación interpersonal con los agraviados, como por una asimilación de normalidad respecto a la situación de explotación de muchas menores de edad.
Cabe señalar que en la reunión participaron representantes de Lima Sur, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ugel 01, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Superior de Lima Sur, el Poder Judicial, la Dirección General de Salud , la PNP, la Municipalidad de Lima; así como las ONG CESVI, CHS Alternativo, Vía Libre y Acción por los niños.
