Alcibiades Cancino Silva fue condenado a 5 años de pena privativa de libertad efectiva y al pago de 17 mil nuevos soles de reparación civil a favor del Estado peruano, por haber deforestado 3,7 hectáreas de bosques primarios del sector Yuracyacu, ubicado dentro del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), en el distrito de Nueva Cajamarca, en San Martín. Estos hechos fueron denunciados por la jefatura del Área Natural Protegida (ANP) en el año 2010.
Desde el pasado fin de semana, el sentenciado se encontraba a disposición de las autoridades y este lunes 10 se desarrolló la audiencia en el Juzgado Unipersonal de Nueva Cajamarca. En esta audiencia, Ana Tiravanti Martínez, integrante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Moyobamba, basó su intervención en los informes técnicos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y de la Autoridad Local del Agua, en los que se señala los daños ocasionados a las formaciones boscosas y fuentes de agua del sector de la cuenca alta del río Yuracyacu, al interior del BPAM.
Por su parte, el abogado de la defensa, Manuel Alva, entre otros alegatos expuso que su defendido no conocía que se trataba de una ANP, sin embargo la jueza María Carrillo Espichan, quien dirigía el Juzgado, desestimó dicho argumento de defensa, toda vez que el propio acusado reconoció que ha trabajado dentro del BPAM desde hace 15 años.
Cabe indicar que el río Yuracyacu nace en el BPAM y es la principal fuente de agua para más de 30 mil habitantes. Además, es aprovechado para el consumo humano, irrigación de aproximadamente 10 mil hectáreas de cultivos agrícolas, usos industriales y otros en las localidades de Nueva Cajamarca y San Fernando.
Como mencionó el Sernanp a INFOREGIÓN, este es uno de los primeros casos que se sanciona con pena efectiva por el daño a las Áreas Naturales Protegidas de la región San Martín y marca un importante precedente en la justicia ambiental respecto de los delitos cometidos contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Asi deberian aplicar a los invasores cocaleros y ganaderos que deforestan los bosques del patrimonio forestal nacional en las concesiones forestales de aguaytia, los organos competentes nunca se pronuncian a pesar de que loa consecionarios denuncian los hechos, me pregunto que se nesecita para que las autoridades intervengan en estos probllemas que son cada dia casi ya incontrolables, miles de hectareas deforestadas para sembrios ilicitos.