La existencia de un periodismo independiente y democrático es fundamental para la formación de una opinión pública libre y para la vigilancia del correcto ejercicio del poder público. Gracias a éste se ha podido conocer, por ejemplo, importantes casos de corrupción, de irregularidades en la administración, y de problemas en la prestación de los servicios públicos. Su incidencia en la protección de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables es, también, innegable.
Para estos fines, el periodismo requiere de diferentes fuentes informativas escritas, orales y visuales con el fin de contar con información veraz y objetiva. En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública es, tal vez una de las fuentes más importantes con las que cuenta la labor periodística. Por este motivo, en los 10 años de vigencia de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, la sociedad civil organizada, pero especialmente las organizaciones de periodistas, han generado valiosas iniciativas para potenciar esta herramienta.
Varias de estas iniciativas se han centrado en la situación de los portales de transparencia, en la difusión y capacitación de los servidores públicos y de la ciudadanía, en la atención de denuncias ciudadanas por falta de acceso a la información pública, y en la organización de espacios de intercambio de conocimientos para la promoción de este derecho y la implementación de la Ley.
Estos importantes avances aún son insuficientes, pues todavía un sector importante de la población no conoce la norma o no la utiliza. Asimismo, algunos funcionarios siguen poniendo trabas al acceso a la información, establecen cobros ilegales o incumplen con los plazos para entregarla. No es casual que durante el año 2011, y en lo que va del 2012, la Defensoría del Pueblo, haya recibido 1,998 quejas por incumplimiento de la ley.
En relación con los portales de transparencia estándar, el nivel de cumplimiento de los gobiernos regionales es de 65% y de 49 % el de las municipalidades provinciales. Esta situación pone de relieve la necesidad de que una autoridad focalice su atención en identificar las causas del incumplimiento de la ley, determine medidas correctivas, proponga mejoras normativas e imponga sanciones cuando se justifique.
Investigaciones recientes demuestran que el proceso de hábeas data –utilizado también por los periodistas– no ha cumplido con su finalidad de corregir oportunamente los incumplimientos a la ley. Esta situación desincentiva al ciudadano a proseguir con su reclamo. Ello obliga a que como país nos esforcemos por crear instituciones que dediquen sus esfuerzos a que la ciudadanía conozca y ejerza efectivamente el derecho de acceso a la información pública, a que los funcionarios públicos cumplan sus obligaciones previstas en la Ley y a que todas las personas accedan a la información pública que solicitan.
En atención a lo indicado, es necesario superar los incumplimientos a la ley. Por ello, cobra especial importancia la propuesta de creación de una autoridad nacional especializada que, principalmente, resuelva los conflictos que existen entre las instituciones obligadas y la ciudadanía en materia de acceso a la información.
Dicha Autoridad también ayudaría a superar el déficit de conocimientos especializados y capacitaciones en la materia, de modo que todo funcionario público esté preparado para la correcta interpretación y aplicación de la ley, lo que es un pedido reiterado de los funcionarios y periodistas que cada año participan en las Conferencias Nacionales de Acceso a la Información Pública impulsadas por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Defensoría del Pueblo.
Como país hemos realizado esfuerzos importantes en la promoción de la transparencia y en la protección del derecho al acceso a la información pública. Es el momento de asegurar lo obtenido, superando todo lo que hasta aquí se ha alcanzado.
Ello se logra fortaleciendo la vigilancia ciudadana de la gestión pública, en la que el periodismo tiene un papel fundamental. Para ello se requiere normas adecuadas, pero sobre todo instituciones y mecanismos que garanticen su efectiva vigencia.
De esta manera, al igual que lo sucedido en México, Chile, Canadá, Australia y Reino Unido, el Perú debe asumir el reto de crear una autoridad nacional en esta materia, que garantice el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y contribuya con la tarea de lograr un Estado más transparente y cercano a las personas.
