En atención a las demandas de las agrupaciones sociales de Huanta, los responsables del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia decidieron desestimar la construcción de la ampliación del centro penitenciario en la capital de esta provincia ayacuchana.
De esta manera fue dejado de lado la iniciativa del alcalde de la municipalidad provincial de Huanta, Carlos Rúa Carbajal para mejorar la capacidad operativa del penal existente en Huanta, que iba a demandar una inversión cercana a los 22 millones de nuevos soles.
Con el argumento “el pueblo huantino no quiere un penal, porque no trae desarrollo sino delincuencia” la sociedad civil realizó varios foros de discusión entre las autoridades provinciales, el INPE y representantes del Ministerio de Justicia.
En cada reunión la posición de los pobladores fue tajante: desestimar la decisión de construir nuevas instalaciones para este centro penitenciario que, según funcionarios del INPE, alberga en la mayoría de casos a personas vinculadas por delitos de tráfico ilícito de drogas.
En la reunión clave sostenida en Lima participaron el parlamentario por Ayacucho Walter Acha, los funcionarios del INPE; el presidente del Frente de Defensa de Huanta, Edwardo Cárdenas; el presidente de Frente Cívico de Huanta, Frank Maldonado; el gobernador de Huanta, Orlando Borja y el presidente de Federación Agraria de Campesinos de Huanta, Yuri Huachaca.
Tras el anuncio de la suspensión, Rúa Carbajal informó que acatará la medida. Cabe mencionar que informes del INPE y de Defensa Civil daban cuenta de las pésimas condiciones en las que los reos se encuentran en el actual penal.
