La reciente encuesta nacional urbana de El Comercio realizada por Ipsos Apoyo S.A. ha puesto en evidencia una vez más el rechazo de la población al narcotráfico.
Más de la mitad de los encuestados aprueba la cuestionada erradicación forzosa de los sembríos ilegales de coca, mientras que el 38% la desaprueba. Pero más allá de la polémica que ha generado ese tema, todo indica que la población espera más: la aplicación de una política integral que ataque frontalmente el tráfico ilícito, y que incluya el eficaz control de los insumos químicos que ahora permiten su producción, el desarrollo de productos alternativos y la guerra contra los cabecillas que se esconden tras el narcotráfico.
El Gobierno debe tomar nota de estas demandas expuestas por un país cansado de la inacción de las sucesivas autoridades responsables frente a un flagelo que amenaza con convertir al Perú en un narcoestado, en el que la producción y tráfico de estupefacientes corrompen a todas las capas de la sociedad hasta convertirse en un enemigo inmanejable.
Por ejemplo, en el campo de la promoción de los cultivos alternativos, como ha informado ayer nuestro Diario, está todo por hacer, pese a que puede ganarle la guerra al narcotráfico. Allí está el caso de los ex cocaleros de la Cooperativa Oro Verde, en la región San Martín, producto de una positiva conjunción de esfuerzos: del Gobierno, la cooperación internacional y sobre todo de los campesinos hoy convertidos en exportadores de café gourmet de la mejor calidad a los exigentes mercados de Estados Unidos, Francia, Alemania y Canadá.
Como San Martín, existen otras transformaciones alentadoras en Puno, Ayacucho, Ucayali e incluso en Huánuco. En todos los casos, el denominador común es la comprobación de que, además de la erradicación, se requieren programas sociales de desarrollo rural que fomenten el emprendimiento de peruanos que hoy solo saben sembrar coca para venderla a los cárteles de la droga.
