Prisa del Gobierno por aprobar Ley Forestal en el 2010 prolongó el proceso

Hugo Che Piu.

El apuro del Gobierno por aprobar durante el año 2010 la Ley Forestal y de Fauna Silvestre terminó haciendo el proceso más largo de lo que debió ser, sostuvo el director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Hugo Che Piu.

En conversación con el programa radial Diálogo Ambiental, que emite INFOREGIÓN los fines de semana, el especialista dijo que el año que pasó fue de mucha tensión con relación a la norma antes señalada, pues en el Gobierno “algunos se preocupaban más por el producto que por el proceso”.

“Ha habido mucha tensión durante el año 2010 con la Ley Forestal y, como normalmente aquellos que quieren hacer las cosas rápidas están en el gobierno y han tenido la oportunidad de manejar el proceso, al querer hacer las cosas rápidas han trastabillado varias veces y han terminado de hacer el proceso incluso más largo que si hubiéramos querido hacerlo bien”, expresó.

Tres momentos clave

El director ejecutivo de DAR identificó tres momentos que pueden ser considerados clave en el fallido proceso de elaboración de la Ley Forestal.

El primero, ocurrió cuando se conformó un grupo interministerial que decidió el contenido del proyecto de ley y no se trabajó en la búsqueda de acuerdos dentro del sector forestal.

“Eso generó un primer momento de tensión.  Más o menos en abril y en mayo se intentó solucionar con una larga reunión de tres días en la que fue muy difícil llegar a acuerdos sobre 150 artículos”, recordó.

“Ese es un primer ejemplo de que si nos hubiéramos dedicado unos meses a conseguir este consenso y no esperar lograrlo en tres días, tendríamos un proyecto que todos estaríamos apoyando”, agregó.

Che Piu sostuvo que el segundo momento se da cuando el Ejecutivo presenta al Congreso la propuesta de ley y pretende que sea aprobada en Comisión Permanente, cuando –en su opinión– lo correcto era el debate parlamentario a nivel de comisiones.

“Nosotros pedimos que sea debatido por comisiones y sí sea sometido a consulta previa. Al final gana la sensatez, el cumplir el marco legal y después de tres o cuatro meses se decide ir a hacer la consulta, el debate, cuando pudimos hacerlo desde el inicio. Esos tres o cuatro meses no los hubiéramos perdido en discusión sino los hubiéramos ganado en debate y en consulta”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que el tercer momento se da ahora, cuando se intentan llevar adelante reuniones que han sido llamadas “de consulta”, donde sin embargo no están presentes todas las organizaciones indígenas.

“Al no poder ponerse de acuerdo con todas las organizaciones indígenas sobre cómo debe ser el proceso, ellos deciden lanzar un proceso con el apoyo de algunas organizaciones pero no de todas. Un proceso que querían hacerlo acabar en diciembre pero que se dan cuenta que tiene que continuar por recomendación de la Defensoría y por pedido de los propios indígenas que los estaban apoyando, por lo que deciden ampliarlo 60 días más”, indicó.