Proponen control integrado de instituciones para combatir tala ilegal en el VRAE

gobiernos regionales deberían ser los encargados de asumir las responsabilidades en el combate de la tala ilegal

El asesor legal del Instituto del Bien Común (IBC), Carlos  Soria, señaló que sería un error que las Fuerzas Armadas amplíen sus funciones para realizar el control técnico de la salida de madera del VRAE. Por ello, planteó fomentar un control integrado en el que participen  las instituciones del Estado encargadas de enfrentar la tala ilegal.

“Las Fuerzas Armadas  y la Policía Nacional tienen la clara función de fuerza coactiva del Estado, pero de allí a que se intente delegarles funciones técnicas como la identificación de especies y la calidad de las maderas, y que además intervengan en su traslado sería muy peligroso”, indicó el especialista en el programa Diálogo Ciudadano de INFOREGIÓN, que se transmite desde San Francisco hacia todo el VRAE.

En otro momento, dijo que se han presentado casos en los que las Fuerzas Armadas se han visto envueltas en actos de corrupción, incluso formando parte de  en organización de taladores ilegales.

Carlos Soria, asesor legal del Instituto del Bien Común (IBC)

“El Estado debería fortalecer  instituciones como la Dirección Nacional Forestal de Fauna y Flora Silvestre, el Ministerio Público, y las municipalidades que están directamente inmersas en el control de la madera, para que de esta forma puedan trabajar articuladamente cada uno cumpliendo sus funciones, con la cooperación de las fuerzas del orden”, agregó.

Afirmó que los gobiernos regionales deberían ser los encargados de asumir las responsabilidades en el combate de la tala ilegal, a través de las gerencias de Recursos Naturales.

Urge que Ejecutivo promulgue ley del derecho a consulta

En otro momento, Soria subrayó que los lamentables sucesos acontecidos en Bagua, en los que perdieron la vida 34 personas, han servido como punto de quiebre para que exista un cambio en las políticas públicas ambientales y de derechos de las comunidades nativas.

“Es importante que se haya acelerado la aprobación de la ley de la consulta previa, pues pese a la insistencia de diversos sectores no era tomado coma algo prioritario, ya que no eran respetados los derechos de los pueblos andinos y nativos, lo cual es una invitación a un conflicto social.

Finalmente, exigió que el Estado asuma su responsabilidad de promover el derecho a la consulta previa antes que el otorgamiento del derecho a las empresas.