Nuevamente el narcotráfico hizo retroceder al Estado

Justificación para paralizar proyecto es surrealista, se dice que la reforestación pondría en riesgo producción de la coca

El tráfico de drogas y los cultivos de coca ilegal están creciendo en el país con la complicidad de alcaldes timoratos y de organizaciones cocaleras que actúan como quintacolumnistas de intereses subalternos.

Veamos algunos ejemplos. En el 2008, Iburcio Morales, dirigente cocalero y actual alcalde del distrito de Monzón (Huánuco), encabezó la lista de firmantes de un memorial dirigido al Gobierno Central, en el que amenazaban con iniciar una huelga si se instalaban bases policiales en esa jurisdicción, como lo había anunciado el ministro del Interior durante su presentación en el Congreso. El Gobierno se asustó con la amenaza y hasta la fecha no existe ni una sola comisaría en esta zona.

En abril pasado, nuevamente en Monzón, los cocaleros encabezados por Eduardo Ticerán se opusieron tenazmente a que un juez de paz letrado se instale. El argumento que esgrimieron fue que la comunidad resolvía sus problemas sin necesidad de acudir a las autoridades. Como en anteriores ocasiones, el Gobierno retrocedió y la oficina judicial nunca abrió sus puertas. La inevitable consecuencia de esta falta de autoridad y claudicación de responsabilidades es que el mencionado distrito actualmente es el mayor productor de cocaína de todo el Huallaga.

Sin embargo, lo que acaba de ocurrir en la provincia puneña de Sandia escapa a todo sentido común y enerva la racionalidad. El 5 de mayo último, los productores de coca ilegal apoyados por otros gremios bloquearon las carreteras, obligaron a cerrar los colegios y los locales comerciales para exigir el retiro inmediato de un proyecto de reforestación y agroforestería, promovido por la Municipalidad Provincial de Sandia, con fondos públicos canalizados por Devida.

Este proyecto, sin ningún tipo de condicionamientos para los beneficiarios, lo que pretendía era mejorar los ingresos económicos de los campesinos ubicados en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja-Sonene que, por acción de los mineros informales y el crecimiento explosivo de los cultivos de coca dentro del área protegida, han puesto en grave riesgo los ecosistemas del lugar.

Ante la protesta violenta de los cocaleros, la falta de garantías y de seguridad que debió brindar el Gobierno Central, el alcalde tuvo que convocar a consejo de regidores y dejar sin efecto la ejecución del proyecto. La justificación para esta decisión es surrealista, se dice que la reforestación atentaría y pondría en riesgo la producción de la coca.

Lo que pasó en Sandia claramente es la respuesta de los intereses del narcotráfico que, ante la iniciativa de la municipalidad y de Devida de crear oportunidades de desarrollo lícitas en una zona históricamente abandonada, decidieron utilizar a las organizaciones sociales y desde las calles hicieron retroceder a todo el Estado, personificado en la autoridad provincial.

El Gobierno Nacional debería tener muchísimo cuidado con lo que está pasando en Puno. En esta región, ante la debilidad institucional y la complicidad de funcionarios públicos, se están fortaleciendo intereses poderosos de la economía ilegal (contrabando, minería informal, trata de personas y narcotráfico). Escenarios como este son terrenos fértiles para los discursos antisistemas y separatistas.