El extraño rumbo del Caso Sánchez Paredes

Recuerdan que juez Omar Pimentel emitió una benigna y controvertida orden de comparecencia en favor de siete integrantes del clan familiar Sánchez Paredes

¿Qué pasa en el Poder Judicial que desbarra una y otra vez incluso en los casos que exigen una mayor intervención jurisdiccional ejemplar y transparente? La atingencia es pertinente ante la extraña y sospechosa actuación que viene cumpliendo el Segundo Juzgado Supraprovincial de la Sala Penal Nacional en los procesos por lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas que llegan a sus manos.

En principio, llama la atención que el titular de ese juzgado, Omar Pimentel Calle, administre justicia con una doble vara: mientras que en algunos casos ha sido escrupuloso en la política seguida hacia los inculpados, en otros los ha tratado con guantes de seda, a pesar de que implican delitos y responsabilidades mayores.

Hace algunas semanas el mencionado magistrado adquirió prestigio en la judicatura cuando ordenó abrir nuevos procesos por narcotráfico y homicidio contra Fernando Zevallos; lo mismo hizo antes con el suspendido alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez, involucrado en un juicio de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.

Sin embargo, la semana pasada emitió una benigna y controvertida orden de comparecencia (solo con impedimento de salida del país) en favor de siete integrantes del clan familiar Sánchez Paredes, denunciados por lavar dinero, con múltiples antecedentes por sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas y poderosas mafias colombianas y mexicanas desde la década de los 80, como informó oportunamente nuestra Unidad de Investigación.

Pero no ha sido todo. Llama la atención que el juez Omar Pimentel solo haya dispuesto el embargo y no la incautación de los bienes de los inculpados. Peor aún, que según se ha confirmado, mantenga lazos de amistad con uno de los abogados de la familia Sánchez Paredes, entorno amical que el magistrado ha ratificado.

Sin duda, el juez ha exhibido sus justificaciones ante estas incongruencias. Ha asegurado que si bien la Policía Antidrogas recomendó la detención de los implicados, la fiscalía desestimó antes ese pedido. Sin embargo, habría que decir que el papel del Ministerio Público ha sido clamorosamente sospechoso y también tendrá que dar explicaciones a la opinión pública, sobre todo cuando ha trascendido que la Procuraduría Antidrogas —siempre solitaria en su lucha contra el delito— evalúa apelar el mandato de comparecencia.

En el fondo, tales justificaciones son insuficientes y un insulto a la inteligencia de los peruanos, cansados de que la lucha contra el flagelo del narcotráfico siga siendo solo un buen propósito de algunas autoridades.

En tal sentido, el Poder Judicial no puede perder ahora la oportunidad de limpiar su imagen en un caso que es emblemático, en el que no solo debe decidirse la situación legal de los Sánchez Paredes, sino la transparencia de la administración de justicia que dos años después no tiene mucho que exhibir en este proceso, a no ser una larga historia de leguleyadas.