(La República).- No debe quedar inadvertido el fallo de la jueza Gloster, de la Alta Corte de Londres, quien ordenó el congelamiento definitivo de casi ocho millones de dólares de la empresa multinacional Monterrico Metals, propietaria de la Minera Río Blanco Copper, empresa que actualmente ha transferido sus activos en el Perú a la transnacional Majaz.

La corte británica determinó esta medida con el fin de salvaguardar la reparación civil a favor de los 31 ciudadanos peruanos que fueron secuestrados y torturados por la policía y agentes de la empresa de seguridad privada Forza, contratada por Minera Río Blanco para quebrar una protesta medioambiental.

Como se sabe estos 31 comuneros fueron detenidos y trasladados al campamento minero de la Río Blanco, atados de pies y manos. Allí permanecieron tres días sin consumir agua o alimentos, recibiendo amenazas y golpizas. Al mismo tiempo, las mujeres del grupo fueron amenazadas de violación y sometidas a infames manoseos.

Nuestro diario, a través de su unidad de investigación, participó de la denuncia de esta atrocidad, publicando fotografías de los comuneros torturados y golpeados, y poniendo al descubierto el accionar de Forza en Cajamarca, donde hizo seguimiento y escuchas ilegales al sacerdote Marco Arana y otros ambientalistas.

Al mismo tiempo, y pese al rechazo hecho a la presencia de la minera por las comunidades concernidas, las que participaron de una votación libre y democrática que contó con observadores internacionales, Majaz desplegó esfuerzos para dividir a los campesinos. Lo mismo puede decirse del proceso entablado por las víctimas, que permanece entrampado en el Poder Judicial.

Por eso lo ocurrido en Londres es una buena noticia, pues pese a los intentos hechos por Río Blanco por escapar a su responsabilidad y culpar a la policía y a Forza, el abogado Richard Meran, del estudio contratado para patrocinar a los 31 demandantes, presentó los videos como abrumadoras pruebas que determinaron la responsabilidad de la empresa en un caso de violación de DDHH que la compromete. Solo queda que la justicia peruana siga el ejemplo de sus colegas británicos.