Viernes, 19 de septiembre


Política


Suprema injusticia. La sentencia del Caso Barrios Altos es un atropello a la decencia y a la ley.

Editorial del diario El Comercio Lima 25 julio 2012 - 10:51 am, 0 comentarios
Lima

La semana pasada, gracias al reciente y escandaloso fallo que dictó la Sala Penal Permanente en el caso de la masacre de Barrios Altos, los peruanos comprobamos algo lamentable e indignante: muy pobre honor le hace la Corte Suprema de Justicia a su nombre.

El 20 de julio el tribunal presidido por el juez Villa Stein, mediante un despropósito disfrazado de una sentencia de 404 páginas, decidió reducir las condenas de Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe, Nicolás Hermoza Ríos, Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe y demás oficiales y suboficiales que integraron el comando de aniquilamiento tristemente recordado como grupo Colina. Y, como quien a las patadas suma golpes, anuló la condena impuesta por la Sala Penal Especial Anticorrupción al coronel Alberto Pinto Cárdenas, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en 1992, por complicidad en la desaparición de nueve campesinos y del periodista Pedro Yauri.

El principal escándalo de la resolución es que la sala de la Corte Suprema condena a los acusados, varios de los más infames asesinos de nuestras últimas décadas, por el delito de homicidio calificado pero, por alguna inexplicable razón, cree que por esta masacre no merecían la pena máxima de 25 años de cárcel. Lo único que explicaría que estos magistrados no hayan advertido que por la magnitud del crimen este merece la mayor sanción posible,sería que no hubiesen prestado suficiente atención a los hechos del caso. Por eso, se los recordamos.

El 3 de noviembre de 1991 a las 10:30 de la noche, una banda paramilitar de asesinos en pasamontañas, organizada por el mismo gobierno, irrumpió en el primer piso de jirón Huanta No. 840, donde alrededor de 20 personas realizaban una pollada. Luego de amenazarlas, golpearlas e insultarlas, los encapuchados las forzaron a tenderse boca abajo en el suelo y, sin discriminar, les dispararon una y otra vez, fría y cobardemente, en la espalda y la cabeza. De las ráfagas de sus armas con silenciadores salieron 130 balas que hirieron gravemente a cuatro personas y le arrebataron la vida a 15 más, entre ellas Javier, un niño de 8 años, y su padre Manuel.

Es difícil imaginar un tipo de asesinato más grave que el de un grupo de civiles, incluyendo a un menor, cometido a sangre fría por parte de un pelotón estatal de ejecuciones extrajudiciales. Si esta clase de homicidio no merece la pena máxima de 25 años, ¿cuál sí la merecería?

El juez Villa Stein ha salido a defender la reducción de la pena utilizando un argumento aparentemente sencillo. Su sala absolvió a los acusados de uno de los delitos por los que los condenó la instancia previa, el de asociación ilícita para delinquir, y para Villa Stein la consecuencia parecería ser simple: como su corte los encontró culpables de menos delitos que la anterior, lo lógico fue reducir la pena.

Más allá de si se debió condenar a los acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir, los jueces parecen olvidar un detalle que sabe cualquier estudiante de Derecho: de acuerdo con la ley aplicable al Caso Barrios Altos, si los criminales cometían varios delitos a la vez, el juez debía imponer solo la pena del delito más grave. Por ello, la condena de 25 años que la instancia previa impuso solo se refería al delito de homicidio calificado y no al de asociación ilícita para delinquir. No se trataba de una suma de penas y, por tanto, al absolver a los acusados de este último crimen, no había una pena que restar. El argumento de la corte para justificar condenas menores, entonces, no tiene sustento.

Los indignantes errores del fallo no terminan ahí. Aspectos como la absolución del coronel Alberto Pinto Cárdenas y la equivocada calificación de estos actos como delitos que no son de lesa humanidad serán materia de otro editorial. Pero basta advertir el error reseñado para que nos horrorice vivir en un país en el que una sala de la Corte Suprema decide actuar con tal descaro e indecencia. En este Diario, por lo menos, no olvidaremos que sus jueces decidieron ponerle punto final a una de las matanzas más escabrosas del régimen del fujimontesinismo con una nueva masacre: la de la justicia.


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