Miércoles, 30 de julio


Desarrollo


Ordenamiento del territorio requiere acuerdos políticos

Proyecto de ley será presentado a fin de mes por comisión multisectorial. (Cortesía El Comercio) Lima 15 julio 2012 - 2:34 pm, 4 comentarios
Lima

Uno de los ejemplos más claros de la improvisación y la falta de planificación en el país surgió hace tres años, cuando comenzó a discutirse la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, en la frontera que comparten Puno y Madre de Dios. El embalse que la empresa proyectaba construir suponía la inundación de más de 100 km de la costosísima y recientemente concluida carretera Interoceánica hacia Brasil. ¿Cómo fue posible que el Gobierno aprobara el primer proyecto si tenía previsto luego impulsar otro que lo inundaría?

No es todo. Hace unos meses, los funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque advirtieron que, sobre el área supuestamente intangible del proyecto Olmos, el Ministerio de Energía y Minas había otorgado 80 concesiones mineras y petroleras. En medio de este desorden territorial no solo se superponen inversiones. La mayoría de los últimos conflictos tiene como origen la superposición de un lote de hidrocarburos o una concesión minera sobre territorios de comunidades indígenas o áreas naturales protegidas. ¿Cómo planificar y definir, entonces, el uso del territorio?

Expertos y funcionarios del Gobierno han comenzado a hablar en las últimas semanas de la necesidad de una ley de ordenamiento territorial. Y tras los lamentables sucesos en Espinar y Cajamarca, el presidente Ollanta Humala anunció la creación de una comisión multisectorial que analizará el tema y planteará una propuesta.

1. ¿Qué es el ordenamiento territorial?
Es un proceso a través del cual se analizan las potencialidades del territorio, y a partir de allí, se establecen escenarios de desarrollo de acuerdo con la visión de sus habitantes. Fernando Neyra, director de ordenamiento territorial del Ministerio del Ambiente, explica que los planes de ordenamiento territorial tienen que estar articulados a los planes de desarrollo concertado y a la zonificación ecológica-económica. Además, deben tener en cuenta la visión de desarrollo del país.

Hasta ahora –según Neyra– al momento de decidir los usos del territorio solo se había tenido en cuenta “la rentabilidad de un proyecto, y no se ha tomado en cuenta si este generaba desarrollo”. Un plan de ordenamiento supone siempre un proceso de diálogo sobre la visión de desarrollo y las formas de inversión económica en el territorio.

2. ¿Cómo se lleva el proceso? ¿Se evitará la superposición de inversiones y poblaciones?
“El ordenamiento territorial define el uso que le queremos dar al territorio”, precisa Manuel Glave, investigador de Grade. Según Neyra, el Ministerio del Ambiente es el ente rector del proceso. Con respecto a la superposición de tierras para inversiones, Neyra sostiene que el ordenamiento busca precisamente ordenar las inversiones, priorizarlas y evitar nuevas superposiciones.

3. ¿Qué dice actualmente la legislación? ¿Cuánto puede tardar este proceso?
El Perú no cuenta con una ley de ordenamiento territorial. Sin embargo, Glave explica que la actual normatividad obliga a los gobiernos regionales a terminar las ZEE (zonificación ecológica- económica) previamente al desarrollo de un plan de ordenamiento territorial. Es decir, se dice que se tiene que hacer un plan, pero no cómo. Según Glave, este podría ser un proceso lento si se espera que todas las regiones, las 200 provincias y los 2.000 distritos terminen sus ZEE y luego sus planes de ordenamiento. “Se tiene que hacer un cambio en los enfoques de los planes de desarrollo para incorporar de una vez el enfoque territorial. Y para ello el MEF o el Ceplan deben desarrollar incentivos económicos”. Solo 5 regiones han concluido su zonificación económica-ecológica.

4. ¿Cuál es la diferencia del ordenamiento territorial con la ZEE?
La ZEE detalla las características económicas, ambientales y sociales del territorio. Describe los potenciales económicos. “Este instrumento sirve para la elaboración del plan de ordenamiento territorial”, apunta Ana Leyva, coordinadora de la plataforma de ONG que esta semana presentó un proyecto de ley para  el ordenamiento territorial.

5. ¿Quién aprueba el plan de ordenamiento regional?
“El uso del espacio y la forma en que queremos usar los recursos requieren un acuerdo político, pero respaldado en investigación científica y técnica”, sostiene Glave. La abogada Ana Leyva agrega: “Los planes requerirán consensos y diálogos, se deben respetar los procesos y la participación de los diferentes actores políticos y sociales”. Glave y Leyva coinciden en la necesidad de reforzar el Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y de que este adquiera rango ministerial. “El Ceplan debería ser quien emita las opiniones de carácter vinculante sobre la compatibilidad de los proyectos de interés nacional con los planes de ordenamiento territorial de las regiones”, precisa Leyva.

El Ceplan –explica Alejandro Santamaría, asesor de la presidencia de esta institución– no tiene hoy ningún papel resolutivo: “Solo somos veedores y garantes en el desarrollo de los planes regionales”.

6. ¿Las regiones podrían declarar en sus planes de ordenamiento la intangibilidad de parte de sus territorios?
No. Glave explica que el ordenamiento territorial es una herramienta multisectorial. “Los planes deben elaborarse teniendo en cuenta los puntos de vista de los demás sectores, así como los proyectos de inversión nacional. Los planes de gestión de recursos hídricos, por ejemplo, deben ser compatibles con los planes de ordenamiento territorial. La propuesta de la región debe ser aprobada por un Ceplan reforzado”, precisa el investigador de Grade.

7. ¿Cuál es el papel de la comisión multisectorial?
Tras los sucesos en Cajamarca y Espinar, el Ejecutivo formó una comisión multisectorial (integrada por los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Economía, Energía y Minas, Cultura, Salud y Producción) cuyo objetivo es plantear las normas
que permitan el desarrollo de actividades económicas “con inclusión y en armonía con el ambiente”. Esta comisión –que se instaló el 2 de julio– presentará a fin de mes una propuesta de ley para el ordenamiento territorial. Probablemente en su mensaje del 28 de julio el presidente Humala anuncie algunas de las propuestas de la comisión.

UNA POLÉMICA PROPUESTA LEGISLATIVA
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, y otros miembros de la bancada nacionalista (Cenaida Uribe, Martin Rivas Teixeira, Rogelio Canches, Leonidas Huayama, Agustín Molina y Eduardo Nayap) presentaron el 14 de junio una polémica iniciativa legislativa que pretende regularizar la situación de unos 16 lotes de hidrocarburos que fueron aprobados sin contar con la opinión favorable previa de la autoridad ambiental.

SIN VISTO BUENO DE SERNANP
El proyecto de ley plantea que “los instrumentos de gestión ambiental que a la entrada en vigencia de la presente ley no cuenten con una opinión técnica previa favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp), siempre que no versen sobre actividades que se encuentren total o parcialmente ejecutadas, serán sometidos a la opinión técnica previa favorable de este”.

CUESTIONAN PROPUESTA
“Esta propuesta –sostiene César Ipenza, abogado especialista en derecho ambiental– pretende regularizar la irregularidad. Se busca salvar incumplimientos generados en años pasados por parte del sector de hidrocarburos y de Energía y Minas”. El abogado señaló que alrededor de 16 proyectos de hidrocarburos habían sido aprobados sin contar con la opinión previa del Sernanp.

INFORME DE CONTRALORÍA
Un informe de la Contraloría del 2009 advirtió que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó “operaciones para descubrir y producir hidrocarburos en 16 lotes” cuyas zonas“comprendían áreas naturales protegidas”. Estas aprobaciones, denunció la Contraloría en su momento, no contaron con la opinión técnica favorable del Sernanp.


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Comentarios

4 Respuestas a “Ordenamiento del territorio requiere acuerdos políticos”

  1. NIKITA HIDALGO dice:

    PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA

    Entre 1821 y 1990 se dieron 18 mil leyes para el desarrollo de la Amazonía, normas contradictorias, absurdas y plagadas de ignorancia y desconocimiento de la realidad amazónica y casi siempre al servicio del centralismo y de los grupos de poder que controlan al Estado. Leyes como la 1220 de Tierras de Montaña, promulgada por Augusto B. Leguía en 1909 y que doctrinaria y políticamente consideraba que la Amazonía era un espacio vacío de habitantes que era necesario poblar y desarrollar entregando su riqueza a los grandes hacendados y señores feudales. La 1220 hizo posible la entrega en adjudicación de un territorio de 5 millones, 774 mil hectáreas al “Rey de Caucho” Julio César Arana en el Putumayo y que fue la causa y el origen del infausto Tratado Salomón-Lozano que significó una pérdida de 120 mil kilómetros de territorio peruano en la Amazonía. Leyes que nunca pudieron hacer, de ese Estado ausente que históricamente tenemos en la Amazonía, un estado promotor del desarrollo, moderno, que consolide un pacto social que haga posible resolver los grandes problemas de hoy en la Amazonía.
    Nuestra Selva tiene graves problemas que requieren soluciones inmediatas: pobreza extrema, narcotráfico, terrorismo, tala ilegal y depredación de los bosques productivos, los cuales requieren una urgente intervención. En razón de ello necesitamos implementar leyes que hagan viable un modelo de desarrollo productivo y sostenible de la Amazonía peruana, respetando la opinión de las comunidades nativas y protegiendo nuestra mega biodiversidad.

    No se trata de una “Ley de la Selva” sino de un nuevo ordenamiento legal que incluya social y económicamente a las poblaciones más pobres del país que allí viven, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales de la segunda reserva amazónica más importante del planeta.
    El Perú ha perdido más de 10 millones de hectáreas de bosques amazónicos, de los cuales 8 están improductivos, y solamente 2 se encuentran produciendo. De ahí que la nueva política ambiental – proyecto de ley para el desarrollo sostenible de la amazonia -será preservar 54 millones de bosques primarios tropicales, reducir la deforestación de más de 150 mil hectáreas al año, y bajar esa deforestación a nivel cero en 10 años”.
    NIKITA HIDALGO
    CONSULTOR REGIONAL EN DESARROLLO

  2. NIKITA HIDALGO dice:

    PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL

    La importancia actual del medio rural en el Perú, que integra al 33 % de la población, que se elevaría hasta el 65 % si se incluyen las zonas periurbanas y afecta al 90 % del territorio, y el hecho de que en este inmenso territorio rural se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte significativa de nuestro patrimonio cultural
    El intenso desarrollo económico acontecido en nuestro país durante las últimas décadas, que ha dado lugar a un salto muy significativo en los niveles de renta y bienestar de los ciudadanos, se ha concentrado, al igual que ha ocurrido en los países de nuestro entorno, en el medio más urbano y en menor medida en las zonas más rurales. Este fenómeno, característico del desarrollo económico moderno, se manifiesta en la persistencia de un atraso económico y social en el medio rural, debido a causas económicas, sociales y políticas que son evitables.
    El Perú carece de una política de desarrollo rural pública, necesita dotarse de una legislación adecuada para el fomento del desarrollo de su medio rural, es necesario establecer una política rural propia, plenamente adaptada a nuestras condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares.
    Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible. Esta iniciativa debe partir del Estado, concertarse con las Comunidades y las Entidades Locales.
    En cuanto a su contenido, el proyecto de la Ley persigue la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. En particular, se concede una atención preferente a las mujeres y los jóvenes, de los cuales depende en gran medida el futuro del medio rural.
    Sera una Ley de orientación territorial, lo que implica que será aplicada tomando en consideración criterios y directrices de ordenación territorial. Singularmente, el proyecto de Ley contempla zonas rurales diferenciadas según una tipología establecida, define zonas rurales prioritarias y prevé el establecimiento de un plan por zona rural.

    Son objetivos generales del proyecto de Ley:
    A) Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas actividades.
    B) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes.
    C.- Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural.
    D Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural manteniendo un sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca suficiente, e impulsando la creación y el mantenimiento del empleo en otros sectores, preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias.
    E) Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en materia de transportes, energía, agua y telecomunicaciones.
    F) Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las características específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la educación, la sanidad y la seguridad ciudadana.

    NIKITA HIDALGO
    CONSULTOR REGIONAL

  3. NIKITA HIDALGO dice:

    Proyecto de Ley de Creación del Fondo para la elaboración de mega proyectos – Desarrollo Endógeno.

    Mega proyectos.
    Construcción del anillo vial, productivo, transformativo y comercial – mercados rurales en las Regiones del Pais.
    El proyecto de ley tiene por objeto crear el Fondo para la elaboración de mega proyectos – Desarrollo Endógeno como Instituto autónomo, adscrito al ministerio de economía, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía funcional, técnica, financiera, organizativa y operativa
    Objetivos del Fondo
    1. Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, Planes y proyectos, para el desarrollo endógeno
    2. Financiar planes ,programas y proyectos destinados a fortalecer la estructura y la capacidad productiva regional, a través de organizaciones de la comunidad y de la economía rural solidaria.
    3. Promover y contribuir con la capacitación y formación de las organizaciones de la comunidad y de la economía rural, impulsando su participación corresponsable en los planes y proyectos de desarrollo endógeno, así como en la contraloría social responsable.

    NIKITA HIDALGO
    CONSULTOR REGIONAL

  4. karina dice:

    significa gbdhnhjdgghgkjhk nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooo ssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaa dddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaa

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