Lima, Sábado 17 de noviembre



Huallaga


Saludan decisión del gobierno de solicitar derogatoria del decreto legislativo 1097

Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Tingo María - Huánuco 14 septiembre 2010 - 12:26 pm, 0 comentarios Tingo María - Huánuco

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, saludó la rectificación del gobierno al presentar un proyecto para derogar el polémico decreto legislativo 1097, y precisó que ésta era la única salida posible, jurídica y democrática al haberse equivocado al pretender, vía un decreto legislativo, decretar la impunidad de los militares y policías violadores de los derechos humanos.

En comunicación con el noticiero La Voz del Oriente, una coproducción de INFOREGION que se transmite por las radios Ribereña y Rumba en Tingo Maria y Stereo Mix en Aucayacu,  señaló que hay un tema de fondo  que tiene que ver con los derechos de las víctimas y de los procesados que tiene que ser resuelto por la administración de justicia y no por el poder Ejecutivo vía un Decreto Legislativo.

Violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles

Juicios deben ser resueltos por la administración de justicia y no por el poder Ejecutivo

Juicios deben ser resueltos por la administración de justicia y no por el poder Ejecutivo

“Que hay necesidad que la justicia avance y de alguna manera cierre de una vez los procesos penales, es correcto por el bien de los militares que se encuentran procesados, pero también porque así lo demanda la existencia de justicia de las víctimas de torturas y en general de violaciones de los derechos humanos” precisó el  ex procurador de la República.

Gamarra señaló que el decreto legislativo tenía varias formulas para lograr el cierre del proceso penal, la primera era que los delitos cometidos entre 1980 y el 2003 eran delitos comunes y no de violación a los derechos humanos.

“Si eran delitos comunes tenían fecha de prescripción, de término, con lo cual la inmensa mayoría de los procesos penales tendrían que cerrarse definitivamente,  pero también decía que los procesos penales que tenían más de 14 meses debían de cerrarse, yo creo que ambas formas son  equivocadas porque las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles”  enfatizó.

Asimismo lamentó la participación del ministro de Defensa, Rafael Rey en la elaboración del Decreto Legislativo y recordó que el llamado a elaborar proyectos de ley vinculados a la reforma de justicia es el ministro de Justicia y no el de Defensa.

“Aquí  no se trataba de compras de pertrechos militares o de tácticas de guerra, se trataba simplemente de encontrar formulas procesales penales para aligerar los juicios y esa es una responsabilidad primera y última del sector Justicia y no del sector Defensa, remarcó.


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