Lima, lunes 19 de octubre



Medio Ambiente


«El rechazo al Acuerdo de Escazú se motiva por una falta de cultura de transparencia en el sector empresarial»

Manifiesta Leonidas Wiener, abogado de CooperAcción Lima 18 octubre 2020 - 4:40 pm, 0 comentarios
Lima

Perú se encuentra en sus horas decisivas para ver si se ratifica o no el Acuerdo de Escazú, considerado como el primer gran pacto medioambiental de América Latina y el Caribe. Hasta la fecha son 10 países que han ratificado el Acuerdo, solo falta que un Estado más lo apruebe para llegar a las 11 ratificaciones necesarias para que Escazú entre en vigencia. Sin embargo, hay una fuerte campaña de desinformación y desprestigio de parte de los gremios empresariales como la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería, manifiesta Leonidas Wiener, abogado de CooperAcción.

En el país, no hay transparencia respecto a los grandes proyectos de inversión, lo cual después origina el estallido de conflictos socioambientales donde se pierden millones de soles por la paralización de los proyectos extractivos. Leonidas Wiener, abogado de CooperAcción señala que se ha promovido desde sectores de la derecha y grupos empresariales una gran campaña de desprestigio y desinformación sobre el Acuerdo de Escazú, se habla de que vamos a perder soberanía y nuestra Amazonía si ratificamos el Acuerdo. Se han creado ideas falsas y medias verdades de una manera burda, el Estado no va a perder el control territorial de la Amazonía con Escazú”.

Wiener señala que, si bien es cierto que ya contamos con normativas ambientales, como disposiciones que regulan el acceso a la información y el acceso a mecanismos de participación –aunque no en el tema de justicia ambiental-, en la práctica nuestro marco institucional y legal no resulta suficiente ni eficaz para proteger a aquellas comunidades afectadas por los proyectos extractivos, por ejemplo.

Aclara que con el Acuerdo de Escazú, las poblaciones podrán informarse sobre los alcances de estos proyectos, podrán saber en qué medida estos proyectos van a afectar su agua, su aire, su suelo, su tierra. Advirtió que las comunidades y poblaciones que viven en torno de estas actividades extractivas, no tienen los mecanismos necesarios y suficientes para poder participar y tomar decisiones sobre aquellos procesos que pueden afectarlos.

Con respecto a nuestras normativas, Wiener manifiesta que Escazú permitiría mejorar las leyes que actualmente regulan los derechos de acceso a información y participación, porque actualmente con estas leyes las personas no están viendo sus derechos garantizados y protegidos. Permitiría reducir muchos de los vacíos y deficiencias que tenemos en nuestras normativas, y permitiría darle un marco de protección de nivel constitucional, porque al ser un tratado de derechos humanos tiene un nivel constitucional”.

¿Quiénes pierden de no ratificarse el Acuerdo Escazú?

Para el abogado Wiener, de no ratificarse el Acuerdo, nuestro país perdería prestigio, perderían además las comunidades, los defensores de derechos humanos, colectivos y los pueblos indígenas que no tienen en la actualidad mecanismos para garantizar sus derechos.

La Confiep y los grupos empresariales creen que están ganando con el rechazo del Acuerdo, y en verdad están perdiendo a mediano y a largo plazo, porque en muchas zonas extractivas hay conflictos que paralizan la actividad; esos conflictos son costosos para las empresas y para el Estado, porque dejan de percibir ingresos y tienen que promover mesas de diálogo, y además tienen que sacar adelante compromisos de proyectos de inversión y de proyectos sociales que se compromete la empresa con las comunidades, y estos costos podrían ahorrarse si es que las empresas mineras y el Estado fueran lo suficientemente transparentes y dieran información necesaria sobre estos proyectos, y si promovieran mecanismos de participación más adecuados y eficaces”.

Agrega que uno de los principales problemas de la transparencia se debe a que las empresas extractivas se caracterizan por su hermetismo y por ser totalmente impermeables para brindar información sobre sus operaciones. Hay prácticas que tienen que ir cambiando, pero es lamentable que los episodios de conflictos y las pérdidas de vidas humanas en el país, no hayan servido de aprendizaje para el Estado y las empresas para poder modificar ciertas prácticas, como el ser más transparentes desde el inicio de sus actividades”.


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