Lima, viernes 10 de julio



Medio Ambiente


Acuerdo de Escazú recoge evolución que el Perú y otros países han realizado en gestión ambiental

Consideró Mariano Castro Sánchez-Moreno, presidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental Lima 10 julio 2020 - 4:20 pm, 0 comentarios
Mariano Castro Sánchez Moreno se desempeño hace algunos años como viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente
Lima

El Acuerdo de Escazú «recoge toda la evolución que el Perú y otros países de la región hemos realizado en materia de gestión ambiental». Este busca contribuir a mejorar la gestión de capacidades de países latinoamericanos en los derechos de acceso a información, participación y justicia ambiental; y tiene como destinatarios a toda la ciudadanía para tener una mejor democracia, construir consensos, e impulsar la cohesión social.

Así se expresó Mariano Castro Sánchez-Moreno, docente de derecho ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental, en entrevista realizada para INFOREGIÓN.

Agregó que el acuerdo contribuye a mejorar la economía y competitividad del país, alentando la predictibilidad y seguridad jurídica en la regulación ambiental para combatir la corrupción. Citó que favorece la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho ambiental, resaltando que el acuerdo «responde al principio 10 de la Declaración de Río de 1992 donde se plantea que para tener resultados adecuados en material ambiental, es fundamental la participación de todos».

Seguidamente, Castro expresó que «han surgido recientemente algunos comentarios y observaciones sobre el Acuerdo de Escazú que no tienen sustento, generando desinformación. Dado que está en vísperas que el Congreso de la República decida su ratificación es fundamental que se tome decisiones sobre información técnica y verás».

«Se ha señalado que el acuerdo obligará la entrega de la soberanía de la Amazonía peruana. Eso es falso», afirmó. El acuerdo no se refiere a la Amazonía ni se cede ninguna parte del territorio nacional, pues se trata de un acuerdo regional negociado voluntaria y soberanamente por los estados, resaltó, agregándo que «en el artículo 3 del Acuerdo de Escazú se precisa el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales».

Recordó que «también se ha señalado que el Acuerdo de Escazú otorga a la Corte Internacional de La Haya la competencia para resolver controversias nacionales o de recursos naturales». Al respecto, Castro señaló que dicha afirmación también es falsa, pues dicha corte no resuelve controversias entre comunidades y privados, ni entre estos y el Estado. Entre otras consideraciones, recordó que «el estatuto de la corte es muy claro: solo los Estados podrán ser parte en casos ante la corte».

De otro lado, «se dice que el acuerdo paralizaría la economía de la Amazonía. No es así pues contribuye a la predictibilidad, a la estabilidad de la regulación, a prevenir y resolver conflictos», expresó. Además, citó que en un estudio de la OCDE, sobre políticas publicas de conducta empresarial responsable, se recomendó al Perú ratificar el acuerdo porque refuerza la competitividad. Es sabido que el Perú necesita inversiones ambientales responsables, pues no hay inversión responsable en el mundo que desconozca derechos ambientales, enfatizó.

Castro también rechazó la versión que sostiene que el acuerdo sería una imposición de grupos ideológicos y de intereses, ya que ha sido negociado de modo voluntario, soberano y transparente por los propios estados de América Latina y el Caribe. Destacó que los países que lo han suscrito son de todos los signos políticos, no hay un sesgo ideológico. Además, recordó que el acuerdo tiene una instancia de gobierno soberano denominada Conferencia de las partes, que es la máxima instancia de adhesión conformada por los estados integrantes.

Finalmente, dijo que no es verdad que las propias comunidades tomarán decisiones en asuntos ambientales y frenarán los proyectos de inversión y desarrollo gracias al Acuerdo de Escazú. Precisó que este otorga a las personas el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones, pero participar en ese proceso no es tomar decisiones. «La participación de la comunidad no es vinculante, y la decisión siempre reside en la autoridad pública», remarcó para añadir que «lo que se busca es garantizar la participación en el marco de la ley».


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