Lima, jueves 2 de julio



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Preocupa a la SIP posible criminalización de la difamación en México

Directivos de la SIP pidieron observar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se consigna que "la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles". Miami - Estados Unidos 19 enero 2020 - 4:50 pm, 0 comentarios
Miami - Estados Unidos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por una posible reforma judicial en México que reconvertiría la difamación en un delito penal, retrotrayendo al país a épocas en que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar.

La SIP había expresado su beneplácito en 2007 cuando México descriminalizó la difamación, ayudando a crear una tendencia favorable a la libertad de prensa en América Latina.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, director general de The Gleaner de Kingston, Jamaica, junto al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal web mexicano, La Silla Rota, solicitaron al gobierno y al poder legislativo en México que durante la discusión de la posible reforma en febrero, ante el Senado de la República, observen y mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión.

En particular, los directivos de la SIP pidieron observar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se consigna que «la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles».

Por décadas, la SIP junto a otras organizaciones dedicadas a la libertad de prensa, han exhortado a los gobiernos a descriminalizar la difamación para evitar que las penas de cárcel puedan ser utilizadas para neutralizar el ejercicio periodístico y la libertad de prensa.

En las Américas varios países han descriminalizado la difamación, entre ellos, Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Grenada, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana (parcial) y Uruguay. En Honduras y otros países de la región existen proyectos legislativos para que los delitos contra el honor también se disputen en tribunales civiles.


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