Lima, Viernes 15 de noviembre



Amazonía


Juzgado de Ucayali dictó sentencia a favor del Estado en caso de minería ilegal

Por delito ambiental Ucayali 17 septiembre 2019 - 10:20 am, 0 comentarios
El sentenciado, Roy Junior Grandez Suárez, quien ya se encuentra detenido desde el 4 de julio del año 2018, cumplirá su condena hasta julio del 2023.
Ucayali

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de Coronel Portillo (región Ucayali) sentenció la semana pasada a un minero ilegal a ocho años de pena privativa de la libertad de manera efectiva por delito ambiental en la modalidad delito de minería ilegal agravada.

Esta sentencia es el resultado del trabajo conjunto efectuado entre la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, la cual forma parte el Ministerio del Ambiente (Minam).

El sentenciado, Roy Junior Grandez Suárez, quien ya se encuentra detenido desde el 4 de julio del año 2018, cumplirá su condena hasta julio del 2023. Además tendrá que pagar una reparación civil de S/ 3 mil a favor del Estado.

Grandez Suárez fue intervenido en una fuente de agua (sector Plátano Isla del Río Pachitea, distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en Huánuco) utilizando una draga y otros instrumentos que se emplean con fines para la minería ilegal, en este caso para extraer oro, sin contar con ningún estudio o autorización para realizar dicha actividad. Cabe indicar que dicho equipo (draga), cuando se instala en una embarcación al succionar material debajo del agua ocasionan alteración al ambiente.

Debido a estos hechos se aplicó la sentencia en base al Código Penal que en su Artículo  307-A establece “el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componente, la calidad ambiental o salud ambiental, será reprimido con pena privativa de la libertad no menos de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días multa”, y la agravante que establece penas que van de los ocho años hasta doce años de pena privativa de la libertad.

Estas acciones permiten asegurar la estabilidad de las tierras, así como conservar los ecosistemas de los ríos, informó el Minam a INFOREGIÓN.


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