El nuevo Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (PNAT) debe destacarse; pero, a un año y tres meses de su aprobación, es momento de preocuparnos no solo por las decisiones políticas del Estado en la materia, sino porque se requiere tener la presencia del Estado a través de acciones políticas intencionales, coherentes y efectivas.
Lamentablemente la implementación de las acciones estratégicas definidas en el Plan Nacional está influenciada por un contexto político precario, que podríamos resumirlo en tres aspectos. En primer lugar, el cambio de presidente de la República y de las diversas carteras ministeriales, con un país sacudido por denuncias de corrupción al más alto nivel. En segundo lugar, el (re)descubrimiento de la magnitud y vulgaridad de la corrupción en la justicia en el Perú que han puesto en entredicho a todos los principales órganos del sistema de justicia.
Ello incluye al Consejo Nacional de la Magistratura en proceso de reestructuración integral a causa de los actos de corrupción denunciados. En tercer lugar, un Ministerio Público también en una situación crítica, con cuestionamientos, enfrentamientos y acusaciones entre fiscales relacionados a investigaciones importantes de corrupción (Casos “Lavajato” y “Los Cuello Blanco del Puerto”).
En este escenario, ¿cómo luchar contra la impunidad en un contexto de corrupción de un delito que se alimenta de ésta? Especialmente, si ha quedado demostrado cómo se negociaban las decisiones judiciales, los cuestionamientos a la custodia de las pruebas, entre otros problemas serios. Mientras, en los casos de trata de personas mantenemos uno de los índices de impunidad más elevados pues apenas 6 de cada 100 imputados llegan a tener una sentencia condenatoria.
Por otro lado, estamos ante un escenario electoral regional y local, marcado por la apatía social frente al proceso y el desconocimiento de los candidatos ante las situaciones de explotación humana que se da en los territorios que les tocará gestionar. Salvo algunas excepciones, en los planes de gobierno no se menciona el problema, y menos aún se proponen medidas. No asumen el problema de la trata como un problema de seguridad pública y ciudadana, ni entienden que los gobiernos regionales y locales tienen responsabilidades específicas.
Desde CHS Alternativo venimos promoviendo que la trata de personas y otras formas de explotación sean enfrentados como problemas de seguridad ciudadana. Los tratantes y explotadores han invadido desde hace algún tiempo nuestras ciudades, y ahora nuestras casas mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información (Explotación Sexual en Línea).
Mientras, los explotadores continúan captando víctimas, trasladándolas y explotándolas, sin discriminar, pues del 2009 a la fecha, ya hemos superado las 7500 víctimas de trata de personas, donde la mujer joven es la más vulnerable a este delito.
No podemos olvidar que el panorama social de la trata de personas tiene una dimensión de género, donde la recurrencia de casos de feminicidios, agresiones sexuales y acosos sexuales son frecuentes.
Esta situación se encuentra atacando también con fuerza a otra población femenina doblemente vulnerable, la mujer migrante venezolana que es traficada por los explotadores sin misericordia alguna. Son más de medio centenar las víctimas venezolanas que han sido atendidas por la Unidad de Atención a Víctimas y testigos del Ministerio Público en el último semestre.
Por último, el presupuesto para enfrentar este delito sigue siendo un problema severo. El 5to Informe Alternativo dio cuenta de que apenas se destinó un 0.0077% del presupuesto general de la república. Lo que equivale a 0.33 centavos de sol por persona al año que el Estado Peruano invierte en protegernos. El 6to Informe Alternativo, que saldrá el próximo mes, nos trae, lamentablemente, peores noticias en este aspecto.
Así, con presupuesto insuficiente, con alta corrupción, con una elevada impunidad, con jóvenes en situaciones económicas y sociales difíciles, con la mayoritaria apatía e ignorancia de los candidatos a 25 gobiernos regionales y más de 1800 gobiernos locales, tolerantes con la informalidad y con la ausencia de control; este 23 de setiembre los ciudadanos del Perú debemos conmemorar el día nacional contra la trata de personas, en circunstancias particularmente difíciles que nos deben llevar a la reflexión y a la acción.
