Lima, Viernes 3 de abril



Amazonía


Demetrio Pacheco: Proteger el bosque, pese a las amenazas de muerte

Reconocido defensor ambiental de la Amazonía de Madre de Dios se resiste a dejar de conservar el bosque pese a que él y su familia han sido amenazados de muerte y no han recibido protección de las autoridades Lima 21 junio 2018 - 2:40 pm, 0 comentarios
Demetrio Pacheco.
Lima

A Demetrio Pacheco le dejaron una bala en la mesa de su casa. El proyectil significaba la amenaza contra su vida y la de su familia. Sucedió el año pasado y no necesitó de una exhaustiva investigación para saber que dicho mensaje, que a cualquiera llenaría de zozobra, provenía de invasores que hace años intentan apoderarse de la concesión forestal donde realiza actividades sostenibles desde la década de 1980. Este suceso ocurrió sólo meses después de que a su hijo Carlos le apuntaran en el pecho con una escopeta, sólo por reclamar a unos taladores que estaban en un terreno donde no debían estar.

Lejos de huir o resignarse, Demetrio acudió a las autoridades en busca de ayuda, pero la lentitud de los procesos judiciales, la falta de personal policial o la lejanía de su concesión respecto a la ciudad, Puerto Maldonado (Madre de Dios), han hecho que su estado no haya variado en meses. Ahora para caminar por los mismos lugares, tiene que acompañarse con dos o tres personas, como mínimo.

Para llegar a su concesión de 800 hectáreas, se debe viajar una hora en auto de Puerto Maldonado hasta el kilómetro 70 de la Carretera Interoceánica, luego hay que caminar cerca de dos horas por un sendero que él y su familia han forjado por más de treinta años. En el lugar no existe energía eléctrica, no hay señal de internet y la señal de teléfono es casi nula. Si desea llamar por una emergencia, tendría que caminar hasta la Interoceánica o resolver su problema solo, como muchas veces lo ha hecho.

Por ese mismo camino hecho a golpe de machetazo, también transitan los invasores que suelen talar el bosque con el fin de convertirlo en “terreno agrícola”. El fin ni siquiera es habitar el lugar, sino darle un aspecto de chacra para poder vender la zona a algún incauto comprador.

“En esta zona, la principal amenaza es la invasión para fines agropecuarios. Ingresan personas y talan sin autorización. No les interesa la ley. Ellos entran, talan, rozan, queman y como la autoridad es lenta no dejan de hacerlo. Si la autoridad actuara apenas denuncies, no habría tanta deforestación”, nos dice mientras nos muestra un espacio talado hace pocos meses por los invasores.

Además de ser teniente gobernador de la Asociación de Productores Agropecuarios San Juan, y presidente de la Asociación de Concesiones Forestales de Reforestación de Madre de Dios, Demetrio es vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, probablemente el espacio de participación en torno a un área natural protegida más activo en la defensa de derechos de usuarios del bosque.

Como otros defensores, Demetrio Pacheco ha pedido garantías para su vida, pero sabe que no es suficiente porque las autoridades no siempre van a estar para defenderlo. “Una vez, llegó un fiscal con policías a la concesión. Encontramos a los invasores en plena jornada de tala. Cuando los invasores se nos acercaron, uno de ellos lanzó un machete para clavarlo casi en los pies de los policías que ni siquiera tenían un arma reglamentaria para defenderse. Ya ni siquiera respetan a las autoridades”, narra decepcionado.

Afortunadamente, la concesión de Demetrio no ha sido invadida por mineros ilegales como sí ha ocurrido en otras concesiones para reforestación, en las que otros concesionarios realizan buenas prácticas como Alfredo Vracko, asesinado en noviembre de 2015 por evitar la invasión de su área forestal.

Defensores amenazados

Según un informe de la organización Global Witness, Perú es el cuarto país más peligroso del mundo para ser un defensor ambiental o de la tierra[1].  En el 2017, por ejemplo, 8 personas fueron asesinadas en nuestro país por defender sus tierras o enfrentarse a los que ocasionan daños en el ambiente. El crimen más reciente ocurrió en Lambayeque a fines de diciembre del año pasado: desconocidos ingresaron a la casa de José Napoleón Tarrillo, defensor de la Reserva Ecológica de Chaparrí, y lo mataron ahorcándolo con un cable. La víctima había sido amenazada, como otros compañeros suyos, por traficantes de terrenos, pero las autoridades no actuaron en su momento. El grado de violencia en la zona es tan alto que el mismo presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, también fue amenazado de muerte.

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los defensores ambientales son las personas que ejercen sus derechos humanos para defender el ambiente, entre ellos el derecho a la integridad personal, el acceso a información, la justicia y la libertad de opinión.

Para mejorar las condiciones de vida de estos defensores, en marzo de este año, Perú y otros países de Latinoamérica firmaron el Acuerdo de Escazú, un acuerdo vinculante que, entre otros, busca garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Katherine Sánchez, del Programa de Pueblos Indígenas y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), resalta la importancia de este acuerdo, ya que “constituye para el Perú un recordatorio de las obligaciones que posee respecto a los defensores de derechos humanos y, además, un llamado urgente a reconocer, proteger y otorgar garantías especiales y específicas para que continúen con su trabajo”.

“Es necesario resaltar que la defensa y reconocimiento del trabajo de los defensores de los derechos humanos ambientales tiene un primer frente: la ciudadanía, que debe exigir su protección efectiva en nuestro país para evitar un mayor perjuicio de aquellos que sufren los efectos de la degradación ambiental”, agregó.

El compromiso por el bosque

Si bien Demetrio Pacheco confiesa que cuando llegó al bosque de Madre de Dios, su intención sólo era sacar madera y luego irse del lugar, comenta que con los años fue encariñándose con el bosque, con su riqueza y las oportunidades que puede brindar si es conservado.

“Mi familia me pregunta qué gano con el bosque, pero la verdad a mí me gusta mucho. Además, conservarlo sirve para que estudiantes o investigadores vengan y hagan algunos estudios. Aquí han hecho, por ejemplo, estudios sobre ranas y todo lo que es fauna. Una vez vino un estudiante forestal de Holanda y estuvo ocho días conmigo para observar el potencial forestal de la zona”, nos cuenta Demetrio.

“Por aquí he visto al otorongo, la sachavaca, sajinos, huanganas, monos, pavas, alguna que otra vez al paujil, después he visto a los trompeteros, armadillos, osos hormigueros y bastantes loros”, nos dice mientras recuerda de inmediato que una vez se encontró cara a cara con un otorongo, a quien tuvo que espantar con el ruido de una motosierra.

“El trabajo que hago en mi concesión no afecta al hábitat de los animales, como sí lo hacen las invasiones. Ellos están destruyendo su hábitat, su centro de alimentación”, lamenta.

“Desde el año 1984 habré sacado unos 200 árboles y esa época pagaba el canon por reforestación. Ha habido años en que sólo he talado 2 árboles y también he reforestado luego de aprovechar la madera, pero la gran parte de lo que he plantado ha sido eliminada por los invasores”, asegura.

Demetrio aclara que la caza de especies también está prohibida en su concesión y resalta que el lugar destaca por tener zonas de castaña y aguaje, frutos que se pueden aprovechar, aunque no es muy abundante.

Asimismo, llama la atención a la Dirección Agraria del Gobierno Regional de Madre de Dios, quienes habrían apoyado a grupos de presuntos agricultores con plantones para ser usados dentro del terreno invadido.

“Son personas que ya antes habían sido intervenidas. Las autoridades judiciales son lentas y yo ya estoy propenso a que pueda pasarme algo. El mensaje de amenaza no sólo ha venido para mí, sino también para mi familia. Yo he pedido garantía para mi vida, pero hasta ahora no recibo respuesta de la Policía Nacional”, manifiesta.

Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

Fuente: Boletín Noticias Ambientales / SPDA


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