La Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) denunció que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) aprobó cuatro estudios de impacto ambiental de los proyectos agroindustriales Santa Cecilia, Santa Catalina, Tierra Blanca y Manití; los cuales facilitarían la deforestación de 35,528 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía.
Según la documentada información enviada a INFOREGIÓN, el 25 de julio del año pasado, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo interpuso ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima una Acción de Amparo contra el Minagri, para prevenir que la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) aprobara los cuatro estudios de impacto ambiental señalados.
Adicionalmente, mediante la carta N° 082-2013-SPDE[1], la SPDE hizo de conocimiento de la DGAAA del Minagri, la interposición de la garantía constitucional inscrita mediante el Expediente N° 19774-2013-0-1801-JR-CI-02, a fin de que se abstenga de facilitar la deforestación de 35,528 hectáreas de bosques primarios. De manera complementaria a la Acción de Amparo, la SPDE interpuso una Medida Cautelar.
“Sin embargo, pese a tener pleno conocimiento de que el proceso judicial se encuentra en curso, la DGAAA ha aprobado los Estudios de Impacto Ambiental materia de la demanda, vulnerando el derecho constitucional invocado, así como la normatividad forestal y de fauna silvestre”, señaló la SPDE a INFOREGIÓN.
“Según el Minagri, las áreas solicitadas, pese a ser bosques primarios de alto valor de conservación, se encuentran registradas a su nombre, y estarían siendo transferidas a los gobiernos regionales para su venta a grupos empresariales, para luego proceder al cambio de uso y tala rasa para la instalación de cultivos de palma, añadiendo que la decisión política de adjudicar dichas áreas está tomada pese a cualquier denuncia o procesos que se interponga”, afirma la denuncia.
“Sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado que dichas áreas cuenten con estudios de suelos que certifiquen su clasificación como uso agrícola. La decisión de facilitar la adjudicación de áreas boscosas a empresas privadas ha sido tomada sin contar con la información de estudios de suelos, identificación de áreas deforestadas con aptitud para este tipo de cultivos, mapas de zonificación ecológica, ni sustento técnico, social, económico, ni jurídico”, añade el documento.
Adicionalmente, dos de los proyectos agroindustriales a ser adjudicados al amparo del Decreto Legislativo N° 653, como si fueran tierras rústicas, se encuentran dentro del Bosque de Producción Permanente N° 5 de Loreto.
“Al respecto la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre manifiesta que, debido a que el registro de dichas áreas es anterior al establecimiento de los Bosques de Producción Permanente, su exclusión de los BPP se encuentra justificada”, argumentan los demandantes.
Según la denuncia, el Ministerio de Agricultura y Riego, y la DGFFS se encuentran incumpliendo sus funciones, pese a ser el primero el ente rector y normativo del Sector Forestal y de Fauna Silvestre.
“Bajo los argumentos y políticas del MINAGRI, estarían en riesgo de ser deforestados y adjudicados a privados para la instalación de actividades industriales cientos de áreas boscosas inscritas como predios en Registros Públicos a nombre del Minagri y de los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, San Martín, Huánuco, Pasco y Junín, entre otros, más aún cuando ninguna de estas áreas cuenta con Estudios de Suelos que fundamenten técnica y jurídicamente su clasificación de tierras como de uso agrícola, y su posterior inscripción en Registros Públicos”, señalaron.
